Traducción legal o jurada

Respecto a otros géneros de traducción, en los que los conceptos suelen coincidir aunque los términos no lo hagan, en el campo jurídico los conceptos, estructuras y costumbres varían según la jurisdicción de que se trate. De esto depende fuertemente la facilidad, dificultad o imposibilidad de traducir de manera literal algunos términos, locuciones o frases. De hecho, el factor cultural desempeña un papel fundamental en la traducción de textos jurídicos. La correspondencia de la terminología de la lengua de partida y la de la lengua meta está claramente influenciada por la cultura jurídica en la que se originan los documentos. La falta de equivalencias entre instituciones jurídicas sólo se puede solucionar con un profundo conocimiento de los ordenamientos jurídicos que la traducción, como acto intercultural, pone en contacto.

Un traductor jurado es una persona autorizada para traducir documentos con carácter oficial. En algunos países,  también recibe el nombre de traductor oficial o traductor público. El traductor jurado reúne cualidades que exceden de su papel como traductor de textos y está en una posición privilegiada para actuar de puente intercultural pero también para brindar una opinión experta sobre los contenidos lingüísticos de los diferentes documentos.

Para que un documento promulgado en España tenga validez en el extranjero, es necesario que la traducción del mismo sea “jurada”, es decir “certificada”. Para hacerlo, el traductor oficial asume a nivel civil y penal la responsabilidad de la misma traducción, firmando y sellando el documento traducido y adjuntando el acta de certificación. La traducción legal se exige en todo trámite o actuación que requiera una especial seguridad jurídica.

Todas las traducciones certificadas que vayan a ser utilizadas en el extranjero, a excepción de pocas, necesitan también la legalización. Dicha legalización podrá ser “ordinaria” o con Apostilla de La Haya en el caso de países que adhieren a la Convención de La Haya de 1961, como Italia y España entre otros*. “La Apostilla consiste en certificar que la firma y el sello de la traducción de un documento público ha sido puesto por una autoridad competente. Certifica únicamente que la firma o sello que muestra el documento traducido ha sido emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, pero no certifica la validez del contenido del mismo.

Algunos de los documentos que pueden requerir dicho servicio son los siguientes:

       - Arbitrajes

       - Actas y extractos de procedimientos penales y de causas civiles

       - Actos procesales

       - Balances anuales

       - Historiales médicos

       - Contratos

       - Correspondencia

       - Requerimientos notariales

       - Documentos sobre la propiedad intelectual y patentes

       - Documentos sobre operaciones inmobiliarias, incluidos textos técnicos

      - Documentos de identificación como documentos de identidad, actas de nacimiento, actos de matrimonio, certificados de

        estado civil, libro de familia

       - Documentos de circulación

       - Documentos para la regularización de trabajadores extranjeros en el territorio o para la reunión familiar

       - Instancias

       - Mandatos judiciales

       - Marketing legal

       - Permisos de conducir: para documentación de circulación en países en los cuales se prevé la conversión

       - Peritajes

       - Procuras

       - Informes anuales

       - Regulación y normas

       - Estatutos de empresas

       - Testamentos

       - Testimonios

       - Títulos de estudio: diplomas escolásticos, títulos universitarios, certificados de formación profesional

       - Actas